martes, 7 de octubre de 2014

Procesos contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Sumario, conforme al código procesal penal.



· La denuncia o querella será presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la cual será remitida a la Comisión Permanente competente para conocer de estas causas.

· La Comisión, en caso de admitir la denuncia o la querella, designará a una Subcomisión de Garantías, compuesta por tres miembros, que ejercerá las funciones del Juez de Garantías.

· El Pleno de la Asamblea Nacional designará un Fiscal de entre sus miembros.

· El Fiscal designado dispondrá de un plazo de hasta dos meses calendario para examinar la documentación e investigar los hechos objeto de la denuncia o querella presentada.

· Concluida la investigación, el Fiscal presentará a la Subcomisión de Garantías la acusación con la solicitud de apertura a juicio o de desestimación de los cargos.

· La Subcomisión de Garantías decidirá si hay causa para remitirla al Pleno de la Comisión Permanente. Si la Subcomisión desestima los cargos ordenará inmediatamente el archivo de la causa.

· La Comisión Permanente resolverá sobre la acusación, dictando auto de apertura del juicio oral.

· Constituido el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión judicial, el Fiscal sustentará la acusación por un máximo de una hora y en igual término lo harán el querellante y el defensor.

· Terminados los alegatos y las intervenciones, se someterá a la consideración del Pleno que decida sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. La votación será secreta y requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado será declarado no culpable.

· Para la individualización de la pena en las causas penales seguidas contra un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se observarán las disposiciones del Código Penal. Esta decisión será acordada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

Procesos contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia


Sumario, conforme al código procesal penal.



· La denuncia o querella será presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la cual será remitida a la Comisión Permanente competente para conocer de estas causas.

· La Comisión, en caso de admitir la denuncia o la querella, designará a una Subcomisión de Garantías, compuesta por tres miembros, que ejercerá las funciones del Juez de Garantías.

· El Pleno de la Asamblea Nacional designará, designará un Fiscal de entre sus miembros.

· El Fiscal designado dispondrá de un plazo de hasta dos meses calendario para examinar la documentación e investigar los hechos objeto de la denuncia o querella presentada.

· Concluida la investigación, el Fiscal presentará a la Subcomisión de Garantías la acusación con la solicitud de apertura a juicio o de desestimación de los cargos.

· La Subcomisión de Garantías decidirá si hay causa para remitirla al Pleno de la Comisión Permanente. Si la Subcomisión desestima los cargos ordenará inmediatamente el archivo de la causa.

· La Comisión Permanente resolverá sobre la acusación, dictando auto de apertura del juicio oral.

· Constituido el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión judicial, el Fiscal sustentará la acusación por un máximo de una hora y en igual término lo harán el querellante y el defensor.

· Terminados los alegatos y las intervenciones, se someterá a la consideración del Pleno que decida sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. La votación será secreta y requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado será declarado no culpable.

· Para la individualización de la pena en las causas penales seguidas contra un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se observarán las disposiciones del Código Penal. Esta decisión será acordada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

Los particulares que manejan fondos públicos, no son servidores públicos.




En reciente sentencia del 6 de agosto de 2014 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó, que no son funcionaros, los particulares que por razones de su cargo, manejan fondos públicos.  La Corte dijo que el servidor público es el que ha sido nombrado para un cargo en los entes estatales que menciona la Constitución y que además percibe un ingreso del Estado.


En este caso se declaró inconstitucional una frase de la Ley 38 de 2000 – del último párrafo del numeral 103 del artículo 201- (orgánica de la Procuraduría de la Administración) que contemplaba lo contrario.