Grabaciones a políticos, irrespetan la Constitución

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que cuando no se respetan las garantías fundamentales, su incumplimiento produce efectos delictivos, tal como ocurre cuando son interceptadas o grabadas las comunicaciones privadas sin una orden de autoridad judicial, eso se extiende a quienes participan de esa comunicación telefónica, no es admisible la tesis de considerar convalidado cualquier vicio, con la autorización de uno de los intervinientes en esa comunicación, porque la garantía constitucional ampara las comunicaciones incluyendo a todos los afectados con la misma y, este concepto ha sido explicado por diversos pronunciamientos constitucionales de nuestro más Alto Tribunal Supremo, además, el último párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de la República prevé que el incumplimiento de la autorización judicial para interceptar o grabar comunicaciones privadas impedirá la utilización de sus resultados como pruebas sin perjuicios de las responsabilidades penales en que incurran los autores, esto podría ser los delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos o contra la inviolabilidad del secreto, de acuerdo con los componentes, presupuestos o elementos de cada caso en particular.

¿Quiénes pueden cometer este tipo de delitos?

R: Cualquiera, con la tecnología adecuada. Otrora un ex funcionario, -ex jefe de seguridad de Ceville- señalaba en los medios de comunicación social,  el equipo que supuestamente el instaló, para pinchar, en la Procuraduría de la Administración.

El hecho de que la prueba de la grabación sea ilícita, en lo legal; no exonera al candidato afectado por la misma,  por efectos de la ética, el de aclararle a los votantes, la veracidad o no del contenido de la grabación, toda vez que la ciudadanía, tiene el legitimo derecho de conocer la realidad que rodea a quienes optan por los cargos de elección popular.